Es mejor, antes de presentar estas herramientas para el cambio social y político, hacer una digresión histórica para ponernos en persepctiva sobre la importancia de lo municipal en nuestra historia reciente.
APROXIMACIÓN GENERAL AL MUNICIPALISMO
La cultura política impuesta por el “Régimen de 1978” relegó tanto al ciudadano como a la sociedad civil organizada a un estado pasivo y expectante en relación a las políticas públicas llevadas a cabo en su municipio.
Se desarrollaron grandes movilizaciones y luchas en los barrios y en los pueblos por conseguir equipamientos, tener acceso a servicios básicos como educación, sanidad, vivienda y trabajo. Hubo una fuerte unión por parte de asociaciones de vecinos, organizaciones políticas y sindicales. Las expectativas de democracia real y participativa a través de la institución municipal eran grandes después de la dictadura.
Este movimiento ciudadano popular nacido en la ilusión de cambio que despertaba la Transición, se vio truncado poco a poco por la élites políticas y económicas de un casta que nacía y que se iba haciendo más fuerte liderada por el PSOE, y que poco a poco logró el control y el acomodo de los movimientos vecinales y sindicales, y que finalmente acogieron el establecimiento de un papel muy moderado en los municipios dentro de la composición económica y política del Estado. La opacidad de las administraciones municipales, la concesiones y el clientelismo político y sindical (entre otros factores), provocaron el desencanto y desmovilización ciudadana. Los ayuntamientos en manos de los dos principales partidos del régimen los utilizaron como el centro para sus negocios, el cambio de sillones e intereses políticos y económicos, alejándose de las necesidades, retos, oportunidades y aspiraciones que las personas habían depositado en la entidad municipal. Todo ello a pesar de que en el artículo 140 de la Constitución se establecía la autonomía de los municipios e incluso se propugnaba la regulación legal del “régimen de concejo abierto” (entidad tradicional histórica de toma de decisiones local que tiene grandes similitudes con la actual asamblea que practicamos actualmente).
La regulación de las competencias y financiación de los municipios se desarrolló curiosamente de forma muy tardía, casi coincidiendo con el crecimiento económico basado en la construcción. En 1985 se aprueban Las Bases Reguladoras del Régimen Local. En ellas aparecían la competencias sobre la recaudación de impuestos de los municipios estrechamente relacionados con el sector de la construcción: el IBI, las plusvalías, las licencias de construcción o la enajenación de terrenos. No es sorprendente que el modelo inmobiliario se impusiera e incluso fuera atraído por los ayuntamientos en la necesidad de ingresos. Y si sumamos esto al hecho de que otra parte muy importante de los ingresos depende de las ayudas y fondos externos (no siempre seguros por estar supeditados a la confrontación de la alternancia política o políticas de ajustes), nos encontramos que los ayuntamientos son muy dependientes y con poca autonomía para realizar políticas públicas ya sean sociales o de creación de empleo, en definitiva orientadas al pro-común.
En esta dependencia financiera con los proyectos inmobiliarios, no es de extrañar encontrarnos a día de hoy tantos casos de corrupción debido a una casta que a través de su legislación, hacía del ente local una lugar idóneo para hacer sus negocios.
En el contexto de la última crisis económica las políticas de la casta no han variado de sesgo y quieren seguir ahogando las entidades locales, oprimiendo más su autonomía, sabiendo que son las instituciones más cercanas a la ciudadanía y en las que se pueden desarrollar más fácilmente prácticas de participación en las políticas públicas y crear una nueva conciencia político-democrática.
Se promulgó la Ley Orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria, también el Real Decreto Ley 4/212 de Pago a Proveedores y sucesivas añadiduras a éste, permitiendo un mecanismo de financiación pernicioso que otorgaba a las entidades bancarias rescatadas por el Estado a prestar ese mismo dinero público a un interés muchísimo mayor. Esto ha provocado, por una parte, la conversión de una deuda privada (creada en no pocos casos por la opaca, dudosa y sospechosa gestión de las élites políticas gobernantes) en deuda pública que asumimos toda la ciudadanía. Pero, por otra parte, la absoluta bancarrota de entidades locales en beneficio de las entidades bancarias en obligaciones de pago de la deuda. Se podrían buscar multitud de ejemplos. Pondremos el del Ayuntamientos de Villanueva de Perales en Madrid que está aportando al pago de la deuda casi un 47% de sus ingresos recaudados.
Creemos que esta perspectiva, digresión hecha en términos muy generales, nos puede ayudar a entender la propuesta que tenemos en mente. Entendemos que para tomar decisiones hay que tener en cuenta la realidades en las que nos movemos para aproximarnos a cuáles pueden ser la líneas más acertadas a seguir.
EJE DE PARTICIPACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICA MUNICIPALES.
Nos encontramos que las entidades locales, elemento central para la creación de movimiento popular y participación ciudadana por su cercanía, está ahogada por los poderes financieros y la casta política. Su recuperación es clave para un futuro proceso constituyente, pero no solo a nivel político-democrático, sino que también debe haber una estrecha relación con un nivel de actuación participativa en las políticas públicas. Una actuación municipalista para una futura gestión pública, trasparente y participativa hacia el pro-común.
1_ Auditoría ciudadana de la deuda municipal.
La socialización de la deuda privada se hizo primero en el Estado pero poco a poco se ha pasado a la administración local. La deuda no solo impide y constriñe, sino que también es un instrumento de control social y político. Por ello es nuestra responsabilidad esgrimir las herramientas y mecanismos para desarticularla y liberarnos antes de que produzca el hábito de su existencia.
La Auditoría Ciudadana de la Deuda Municipal no es una herramienta nueva. De hecho esta iniciativa recorre ya un camino de experiencias en diferentes municipios. Será responsabilidad y compromiso de los círculos municipales cooperar y confluir con esas iniciativas compartiendo saberes y fuerzas; o bien poner en marcha estas iniciativas a través de las redes de cooperación que ya existen o que se deberán poner en funcionamiento.
Entendemos que la Auditoría de la Deuda Ciudadana no debemos tomarla como un mero punto programático, sino como un trabajo cotidiano y cooperante con la ciudadanía y otras organizaciones. La deuda afecta a todas y a todo.
Podemos lograr:
a) Nos dará la posibilidad de indagar en los casos de corrupción desvelando a la casta y pudiendo tomar medidas judiciales contra ella; además de un análisis y en su caso denuncia en relación a la transparencia y opacidad de la información. Esto despertaría nuestro empoderamiento para hacer justicia frente al viejo poder político.
b) Permitirá que tengamos una experiencia dada para establecer una definición de deuda legítima e ilegítima, llegado el caso, cuando la estrategia de gobierno por el movimiento ciudadano popular se haya consolidado. Debemos de ser conscientes de la legitimidad social que necesitamos para dar este paso. El trabajo compartido de indagación de la deuda en lo más cercano, en lo municipal y desde el trabajo cotidiano, permitirá dotarnos de experiencia y recorrido, así como de una conciencia colectiva que legitime y plasme jurídica y legalmente la ilegalidad de la deuda.
c) Podrá consolidar un acercamiento de la ciudadanía al plano político público, pero también la confluencia en proyectos de trabajo común con otras organizaciones y movimientos sociales.
d) La experiencia de investigación colectiva dará lugar a que tengamos un mayor conocimiento sobre la gestión pública, desde donde podremos definir de forma más viable y acertada las líneas programáticas que podamos llevar a cabo en cada municipio.
e) Seremos personas activas del proceso, sintiendo propio lo que debemos sentir y hacer nuestro, manteniendo las ilusiones que llevan moviéndose durante los últimos tiempos. La cuestión clave no es tanto la presentación o no en los municipios (algo que habrá que valorar), sino la implicación y participación en un proceso que no empieza ni termina con unas elecciones, sino que revierte el viejo funcionamiento que nos ha llevado a no ser partícipes de los procesos o a sentir lejana la política.
Esta actuación de participación ciudadana en torno a la políticas públicas llevaría a un nivel de acumulación de saberes y organización con otros colectivos, que permitirá, en un futuro, organizarnos para llevar adelante presupuestos participativos vinculantes.
2_ Presupuestos participativos vinculantes.
Esbozamos aquí unas líneas básicas que deberían tenerse en cuenta para elaborar unos presupuestos participativos:
Establecer unas reglas básicas, construidas, sometidas y aceptadas públicamente previamente entre todas, que garanticen el buen funcionamiento del proceso.
Facilitar un mecanismo mediante el cuál podamos participar, votar, y controlar los presupuestos, garantizando la inclusión de todas las personas, prestando especial atención a los grupos minoritarios o desfavorecidos. Siguiendo el principio de “representar obedeciendo”, los gobernantes deberán responder ante la ciudadanía sobre el empleo y destino de los presupuestos, siendo así una medida de trasparencia que actué y frene los posibles casos de corrupción, favoritismo y clientelismo.
Exigir el carácter vinculante de los mismos.
Los presupuestos participativos solo se pueden ejecutar cuando hay una voluntad de quien gobierna de ponerlos en marcha bajo la idea de que la ciudadanía tenga la voz, el voto y el control sobre los mismos. Esto no significa que si no se gobierna en lo local no podamos avanzar y trabajar, principalmente en un cambio de concepción y modelo donde la participación se convierta en elemento fundamental e identitario de nuestras prácticas y quehaceres.
Para el buen funcionamiento de unos presupuestos participativos vinculantes hay un enorme trabajo previo:
1_Iniciar un proceso de conocimiento y autodiagnóstico sobre lo económico, jurídico, cultural y particular de cada localidad o municipio. Sin esto, resulta imposible plantear un modelo de funcionamiento que resulte adecuado para elaborar unos presupuestos participativos.
2_Fomentar y construir espacios de participación dentro del municipio que favorezcan y conciencien de la importancia de la puesta en marcha de este proceso.
Podemos lograr::
a) Una redistribución de los poderes y control de las decisiones en las políticas públicas.
b) Acercamiento de los gobernantes a la ciudadanía y al principio de “representar obedeciendo”
c) Auto-conocimiento de las prioridades que hay que abordar y la asignación de los recursos, satisfaciendo las necesidades de todas y todos y optimizando el gasto público, creando una nueva visión de cultura política.
d) Mayor conocimiento sobre el manejo de los recursos de los que disponemos, fortaleciendo la identidad y sentimiento de lo local como aquello que es nuestro; aumentando la capacidad que como ciudadanas y ciudadanos tenemos de transformar la realidad existente, de introducir medidas que favorezcan la igualdad de género, el racismo o la xenofobia (entre otros) y aumentar nuestra autoestima y fuerza como personas, pero también como grupo, que los dirigentes actuales y pasados han pretendido mermar.
3_ Nuevo modelo de financiación.
Consistiría en promover una iniciativa para el estudio de una propuesta para unas nuevas Bases del Régimen Local, que revierta el viejo modelo municipal basado en el ladrillo, y enlace y legitime con el proceso constituyente de cambio, con propuestas concretas que deriven de lo local. Un nuevo modelo de financiación adaptado a una economía social y sostenible ( respetando el medio ambiente), que esté basada en los recursos locales y que haga dotar de la financiación necesaria para poner en marcha estás iniciativas.
a) Promover, estudiar y desarrollar esta iniciativa con otros círculos a nivel municipal, haciendo participe a todos aquellos que estén por un nuevo modelo encaminado a un proceso constituyente.
b) Poner en marcha está herramienta significaría iniciar un movimiento de aunar fuerza en torno propuestas concretas desde el movimiento ciudadano popular que daría legitimidad a un futuro proceso constituyente.
c) El desarrollo de esta herramienta y la búsqueda de acuerdos desde lo local haría un efecto de bola de nieve para dar consistencia al proceso constituyente, ya que la propuesta de cambio de las Bases del Régimen Local afectarán de una u otra manera al ámbito autonómico y estatal.
Esta tres herramientas presentadas no se pueden tomar como ejes programáticos, sino como mecanismos o herramientas que proponemos trabajar y que son, desde nuestro punto de vista, imprescindibles para la movilización, la percepción subjetiva de participación, pero también real, cumpliendo objetivos de realidades concretas y cercanas para un futuro proceso constituyente.
