Una sanción en veinte años: Ganar Alcorcón denuncia la ‘barra libre’ de viviendas protegidas vendidas sin ningún tipo de control por parte de la Comunidad de Madrid

Miriam Benítez y David López, concejales de Ganar Alcorcón
Publicado el: 22/04/2026

En los últimos meses Ganar Alcorcón ha denunciado la venta ilegal de viviendas protegidas de Alcorcón, especialmente en el barrio del Ensanche Sur, donde hay más de 6.000 VPO construidas.

Esta práctica, que consiste en la venta de las viviendas con el precio regulado, más un sobrecoste en ‘b’ que infla los precios, ha sido señalada por los vecinos y vecinas como una práctica habitual en la zona. Algo que cuenta, según señalan en el barrio, con la colaboración necesaria de las inmobiliarias a la hora de traspasar estas viviendas de manera fraudulenta.

Ante esta situación, la formación municipalista ha exigido un mayor blindaje y control en la venta de estas viviendas, aumentando la protección con más medios para evitar algo que consideran “una estafa a la ciudadanía de Alcorcón”.

Para ello, el primer paso de Ganar Alcorcón fue el de reclamar transparencia a la Comunidad de Madrid en cuanto al número de traspasos de viviendas protegidas, así como los procesos sancionadores abiertos ante estas prácticas en los últimos años. Más de dos meses después de solicitar la información, por fin la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha respondido a Ganar Alcorcón, aportando unos datos que consideran “muy preocupantes”.

Miriam Benítez, portavoz de Ganar Alcorcón, ha explicado que “lo que nos dicen estos datos es que la Comunidad de Madrid no está haciendo absolutamente nada para proteger estas viviendas y garantizar un derecho de la ciudadanía de Alcorcón. Levantar estas viviendas supuso un enorme esfuerzo público, y es indignante que ahora se hayan abandonado a las prácticas especuladoras que nos están expulsando de nuestros barrios”.

Según la información trasladada desde la consejería, desde 2010 la Comunidad de Madrid ha expedido 1.528 informes de precio máximo, el requisito previo necesario para traspasar estas viviendas protegidas. A pesar de este número, desde la Dirección General de Vivienda informan de que solo han abierto un proceso sancionador desde 2007. Un caso en el que un vendedor trató de añadir un sobrecoste en ‘b’ de 117.733 euros al traspaso de una vivienda protegida, y que simplemente fue sancionado con 6.001 euros de multa.

“Estamos asistiendo a una auténtica barra libre de viviendas protegidas vendidas sin ningún tipo de control por parte de quienes deberían garantizar su protección. Desde Ganar Alcorcón estudiaremos otras vías para defender el parque público de viviendas de nuestro municipio, aunque eso suponga saltarse a una Comunidad de Madrid, que vuelve a despreciar a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad”, ha señalado por su parte David López, teniente de alcalde y concejal de Ganar Alcorcón.

Ante este escenario, desde Ganar Alcorcón valoran positivamente el plan estatal para blindar las viviendas protegidas, aprobado este martes en el Consejo de Ministros, pero reclaman dos cuestiones fundamentales para llevarlo a cabo.

En primer lugar, que ese blindaje incluya a las viviendas protegidas ya construidas y que aún tienen vigente la protección pública. Como recogen los datos señalados anteriormente, de nada sirve construir vivienda protegida si no se garantiza que se vendan al precio público estipulado.

En segundo lugar, que el ejecutivo impulse una inmobiliaria pública para gestionar el traspaso de viviendas con algún tipo de protección, y ponga el foco en las transacciones fraudulentas gestionadas a través de las inmobiliarias privadas que mercadean con este derecho.

Desde Ganar Alcorcón consideran urgente que la Comunidad de Madrid establezca la protección permanente de las viviendas públicas construidas en la región. Para los municipalistas, es de sentido común proteger un parque de viviendas que supuso una inversión pública enorme.

Los municipalistas dan por hecho que el gobierno regional está “secuestrado por los especuladores” y no moverá un dedo en este asunto. Por ello, ya están buscando alternativas desde lo local y con otras administraciones del Estado para hacer frente a este problema.

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