Ganar Alcorcón propone impugnar ante el Constitucional la prohibición de subrogación de trabajadores en la Administración Local impuesta por Montoro
La moción presentada por Ganar Alcorcón propone que el Ayuntamiento de Alcorcón promueva la impugnación de la disposición adicional 26 del PGE, en la Comisión Nacional de Administración Local y ante el Tribunal Constitucional, por atentar contra la autonomía municipal en la elección de la forma de gestión de los servicios públicos.
Antes de finalizar este mes de junio, el senado procederá a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, debido a la mayoría absoluta que el Partido Popular posee en esta cámara. A partir de este mes entrarán en vigor unos presupuestos que, para Ganar Alcorcón, aparte de las políticas lesivas para los intereses de la mayoría social, atentan contra la autonomía de los municipios en la decisión del tipo de gestión de los servicios públicos y contra el derecho de subrogación de los y las trabajadoras. La disposición adicional 26 del PGE 2017 prohíbe a la administración local subrogar a los y las trabajadoras de las empresas concesionarias de servicios públicos rescatados.
En relación a esta disposición, el grupo Ganar Alcorcón ha presentado una moción al próximo pleno de la Corporación, que se celebrará el 28 de junio, con el fin de que el Ayuntamiento de Alcorcón promueva en la Federación Española de Municipios y Provincias la impugnación de la disposición ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de la autonomía de las administraciones locales. Esta impugnación debe hacerse previa aprobación de su solicitud en el Consejo Nacional de Administración Local.
El portavoz del grupo municipal Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha indicado que “la disposición adicional 26 supondría un grave perjuicio a nuestro municipio y a su Ayuntamiento. Con esta, Montoro obstruye la capacidad de decisión democrática que tienen los ayuntamientos sobre la forma de gestión”.
El grupo considera que esta disposición es un chantaje a los ayuntamientos. Está especialmente dirigida contra los gobiernos del cambio, los cuales tienen el proyecto de municipalizar la gestión de los servicios públicos, reconocida como más barata y, por tanto, más eficiente económicamente y sostenible para los presupuestos. Este chantaje coloca a estos gobiernos en la tesitura de municipalizar sin subrogar a los trabajadores de la empresa concesionaria de procedencia, vulnerando el derecho a la subrogación recogido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o renunciar a la municipalización y a una de las políticas principales que benefician a la población. “No estamos dispuestos a renunciar a la municipalización de los servicios ni a subrogar a los trabajadores que llevan tantos años trabajando en estos servicios para una empresa privada”.
Además, Santos ha criticado que “la prohibición de subrogación impuesta por el gobierno central a los ayuntamientos responde a los intereses económicos que tienen puestas las grandes empresas en el negocio de los servicios públicos. Es sumamente perjudicial porque estas empresas proporcionan unos servicios públicos más caros y de peor calidad”. Además, ha apostillado que “mientras que el Partido Popular se pone al servicio de estas empresas con la disposición adicional 26, las cuales están vinculadas a los numerosos casos de corrupción que sacuden al Partido popular, nosotros nos ponemos al servicio de los vecinos y vecinas. Por ello, hemos presentado esta moción para que sea impugnada una disposición adicional de los PGE que sacude la autonomía de los municipios y contraviene el interés general. El sentido del voto de cada grupo municipal en el Ayuntamiento de Alcorcón marcará claramente de qué lado está cada uno”.
